Los mercados de seguros de salud reabrieron. Esto es lo que necesitas saber

Para quienes han estado sin seguro médico durante la pandemia, el alivio ya está a la vista.

En enero, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para abrir el mercado federal de seguros de salud durante tres meses, desde el lunes 15, para que las personas sin seguro puedan comprar un plan y o cambiar de cobertura si ya tienen uno.

Defensores de los consumidores aplaudieron la iniciativa. Desde 2016, el número de estadounidenses sin seguro médico ha ido en aumento, llegando a 30 millones en 2019. La crisis económica causada por el coronavirus ha empeorado lo que ya era una mala situación, privando a millones de personas de sus planes médicos.

La medida contrasta con el enfoque de la administración Trump. Mientras covid-19 se afianzaba la primavera pasada y la economía implosionaba, expertos en salud le rogaban a la administración Trump que abriera el mercado federal para que las personas pudieran comprar un seguro durante la peor emergencia de salud pública en un siglo.

La administración se negó, señalando que quienes se encontraban, repentinamente, sin cobertura porque perdieron sus empleos, podían inscribirse en el mercado bajo las reglas ordinarias. También citaron la preocupación de que los enfermos que se habían resistido a comprar un seguro antes lo hicieran ahora y aumentaran las primas.

El gobierno de Biden se ha comprometido a gastar $50 millones en actividades de divulgación y educación para dar a conocer el nuevo periodo de inscripción.

Esto es fundamental, según expertos. Aunque el número de personas que se inscriben en los planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) se ha mantenido a buen nivel, el número de nuevos consumidores que se inscriben en el mercado federal ha disminuido cada año desde 2016, según la Kaiser Family Foundation, coincidiendo con los recortes de financiación para mercadeo y divulgación.

“Hay muchas personas sin seguro que, incluso antes de covid, eran elegibles para los altos subsidios del mercado o para Medicaid y no lo sabían”, dijo Sabrina Corlette, profesora de investigación en el Centro de Reformas de Seguros de Salud de la Universidad de Georgetown.

Una campaña de marketing puede llegar a una enorme cantidad de personas y, con suerte, atraerlas, independientemente de que, a causa de covid, hayan perdido su seguro o no, añadió Corlette.

A continuación, las respuestas a las preguntas sobre la nueva opción para inscribirse.

¿Cuándo pueden inscribirse los consumidores y en qué estados?

La ventana de inscripción estará abierta durante tres meses, del 15 de febrero al 15 de mayo. Los residentes sin seguro de cualquiera de los 36 estados que utilizan la plataforma federal cuidadodesalud.gov pueden buscar planes durante ese tiempo e inscribirse.

Los estados que operan sus propios mercados, y el Distrito de Columbia, están estableciendo períodos de inscripción especiales similares al nuevo federal, aunque pueden tener plazos o reglas de elegibilidad algo diferentes.

En Massachusetts, por ejemplo, la ventana de inscripción permanece abierta hasta el 23 de mayo, mientras que en Connecticut se cierra el 15 de marzo. Por su parte, Colorado ha reabierto la inscripción en su mercado para los residentes que carecen de seguro, pero cualquiera que ya esté inscrito en uno de los planes del mercado estatal no podrá cambiar de plan hasta el período regular de inscripción abierta en otoño.

¿Pueden inscribirse durante el nuevo período de inscripción las personas que perdieron su empleo y su seguro médico hace muchos meses?

Sí, la ventana de inscripción está abierta a cualquier persona que no tenga seguro y que normalmente sería elegible para comprar cobertura (las personas que están cumpliendo penas de prisión o cárcel y los que están en el país sin papeles no pueden inscribirse).

Las personas con ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza (unos $51,500 para una persona o $106,000 para una familia de cuatro miembros) pueden calificar para créditos fiscales para pagar las primas que pueden reducir sustancialmente sus costos, incluso hasta $0.

Normalmente, se puede comprar un plan del mercado sólo durante el período anual de inscripción abierta en otoño o si se vive un acontecimiento vital, como un nacimiento o una mudanza, o la pérdida del seguro por despido, en lo que se denomina período especial de inscripción.

Pero, por lo general, las personas deben inscribirse en el mercado dentro de los 60 días siguientes al acontecimiento.

Con el nuevo período de inscripción, el tiempo que una persona ha estado sin seguro no es relevante, ni tampoco tiene que proporcionar documentación de que ha perdido la cobertura basada en el trabajo.

“El mensaje es muy sencillo: vengan y apliquen”, explicó Sarah Lueck, analista política del Center on Budget and Policy Priorities.

¿Qué pasa con las personas que ya están inscritas en un plan del mercado? ¿Pueden cambiar su cobertura durante este nuevo período?

Sí, siempre que tu cobertura sea a través del mercado federal. Si, por ejemplo, alguien está inscrito en un plan de oro, pero quiere cambiar a un plan de bronce más barato con un deducible más alto, puede hacerlo. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, algunos mercados estatales no ofrecen esta opción.

Muchas personas han perdido ingresos importantes durante la pandemia. ¿Cómo pueden decidir si un plan del mercado con subsidios es mejor para ellos que Medicaid?

No tienen que decidirlo. Durante el proceso de solicitud, el mercado les pide información sobre sus ingresos. Si los ingresos anuales están por debajo del umbral de Medicaid (para muchos adultos en la mayoría de los estados, el 138% del nivel federal de pobreza, o alrededor de $18,000 para un individuo), se les dirigirá a ese programa para obtener cobertura.

Si las personas son elegibles para Medicaid, no pueden obtener cobertura subvencionada.

Las personas pueden inscribirse en Medicaid en cualquier momento del año; no es necesario esperar a un período de inscripción anual o especial.

Las personas ya inscritas en un plan del mercado cuyos ingresos cambien deben volver al mercado y actualizar su información de ingresos lo antes posible. Tal vez puedan optar a mayores subsidios para las primas o, si los ingresos han disminuido considerablemente, a Medicaid.

Del mismo modo, si los ingresos han aumentado y no se ajustan a las estimaciones del mercado, se podría tener que hacer frente a los pagos excesivos de subsidios cuando hagan la declaración de impuestos.

¿Qué pasa con las personas que se inscribieron en la ley federal COBRA para continuar con la cobertura de su empleador después de perder su trabajo? ¿Pueden renunciar a ella e inscribirse en un plan del mercado?

Expertos en salud afirman que pueden dar ese paso quienes viven en los estados del mercado federal. En virtud de la ley COBRA, se puede exigir a las personas que paguen el importe total de la prima más una tasa administrativa del 2%. La cobertura del mercado es casi con toda seguridad más barata.

Normalmente, si las personas tienen cobertura de COBRA y la abandonan a mitad de año, no pueden inscribirse en un plan del mercado hasta el período anual de inscripción abierta de otoño. Pero este nuevo período otorgará esa opción.

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El discurso anti inmigrante complica la vacunación contra covid en estados del sur

En el este de Tennessee, los médicos han visto de primera mano cómo una política de inmigración dura puede afectar la salud y el bienestar de una comunidad.

En 2018, agentes federales allanaron una planta empacadora de carne en Morristown, en el Valle de Tennessee, y detuvieron a unos 100 trabajadores sospechosos de ser indocumentados.

En las semanas siguientes, decenas de familias inmigrantes que habían encontrado trabajo en esas plantas buscaron santuario en las iglesias y dejaron de ir a las citas médicas.

¿La razón? Los agentes de inmigración estaban vigilando las clínicas.

“No queríamos que la gente viniera a recibir atención porque había oficiales de ICE en nuestro estacionamiento”, dijo Parinda Khatri, directora clínica de Cherokee Health Systems, un proveedor sin fines de lucro en el condado de Hamblen.

Mientras Tennessee, al igual que otros estados, se embarca en la abrumadora tarea de vacunar a millones de residentes contra covid-19, a muchos funcionarios de salud se les dificulta la tarea, por una desconfianza generalizada en el gobierno y las fuerzas del orden entre los inmigrantes sin papeles, una población estimada en 11 millones en todo el país.

Los desafíos son particularmente críticos en el sur, donde grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados ayudan a mantener las prósperas industrias agrícola y de procesamiento de alimentos, incluso cuando muchos líderes republicanos estatales y locales, empoderados por la retórica antiinmigrante de la administración Trump, los denuncian como criminales y piden limitar su camino a la ciudadanía.

La confluencia de esas actitudes agresivas y un virus altamente contagioso ha generado preocupación en algunos estados: temen que la baja vacunación de indocumentados ponga en riesgo los esfuerzos para lograr la inmunidad colectiva.

“Nunca podremos superar esta pandemia si los indocumentados se quedan fuera”, dijo la doctora Sharon Davis, directora médica de la clínica comunitaria Los Barrios Unidos en Dallas, que atiende a 28,000 pacientes, la mayoría sin papeles.

Davis reconoció el desafío que plantea esto en un estado como Texas, donde la plataforma estatal del Partido Republicano pide la expulsión inmediata de todos los “extranjeros ilegales”. Como otros directores de clínicas en muchos estados del sur, Davis dijo que implementar planes de vacunación en las comunidades inmigrantes es una política de “don’t ask, don’t tell (“no preguntar, no decir”).

“Vivimos en Texas, así que ni lo mencionas”, agregó. “Hablamos de los que no tienen seguro, y hablamos de la población latina con la mayor morbilidad y mortalidad, es a quien estamos tratando de atender”.

En el área de Dallas-Fort Worth, hogar de una de las poblaciones más grandes de inmigrantes sin papeles de la nación, la tasa de muerte de los hombres latinos de mediana edad es ocho veces mayor que la de sus homólogos blancos no latinos.

Los epidemiólogos dicen que la disparidad no es sorprendente, dado que un gran número de trabajadores centro y sudamericanos indocumentados están en empleos considerados esenciales en la pandemia, incluido el trabajo agrícola, procesamiento de carne y servicio de alimentos, y la mayoría no tiene seguro médico.

Para agravar los riesgos, muchos trabajan en condiciones propicias para la propagación viral, parados hombro con hombro a lo largo de las cintas transportadoras en las empacadoras de verduras, lavando platos en las cocinas de los restaurantes, abasteciendo los estantes de los supermercados y limpiando habitaciones de hoteles.

Al final del día, muchos regresan a barracas o casas pequeñas que albergan a varias generaciones de familias.

“Si no trabajan, no comen”, dijo Davis. “Hemos tenido pacientes que nos suplican que no les hagamos la prueba, porque entonces no pueden ir a trabajar”.

Davis fue uno de los directores médicos que dijo que los sitios de vacunación masiva que muchos estados están usando (carpas gigantes con personal uniformado de la Guardia Nacional y personal médico con iPads) asustan a las familias inmigrantes.

“Preguntan ‘¿qué documentos tenemos que mostrar?’”, dijo Davis. “El miedo a la deportación es enorme y muy real”.

Y no es infundado, señalaron defensores, después de cuatro años en los que el ex presidente Donald Trump redujo drásticamente la inmigración legal e ilegal a través de detenciones y deportaciones masivas, prohibiciones de viaje y restricciones severas de asilo.

El presidente Joe Biden se ha comprometido a anular muchas de esas normas, pero defensores dicen que el apoyo a medidas más drásticas es fuerte entre algunos agentes de inmigración y agentes locales, lo que podría complicar la vida de muchos inmigrantes.

Davis agregó que, más allá del miedo al hostigamiento o al arresto, los funcionarios de salud pública están lidiando con información errónea. “Están escuchando historias horribles en las redes sociales”, dijo. “Creen que hay un microchip en la vacuna y que serán rastreados”.

Incluso algunos inmigrantes con papeles tienen reservas sobre recibir una vacuna proporcionada por el gobierno. La administración Trump presionó para descarrilar la ciudadanía de cualquier inmigrante que usara servicios públicos financiados por los contribuyentes, incluida la atención médica.

En diciembre, el Departamento de Justicia retiró la regla, pero hay confusión y los directores de las clínicas dicen que los pacientes darán prioridad a sus tarjetas de residencia por encima de casi todo.

Las bajas tasas de vacunación entre las poblaciones inmigrantes ya son evidentes. En Mississippi, por ejemplo, el Departamento de Salud informó que la semana del 8 de febrero se habían vacunado menos de 2,800 latinos, aproximadamente el 1% de todas las vacunas administradas hasta ahora.

Tennessee ofrece un excelente ejemplo de las tensiones que subyacen al lanzamiento de la vacuna.

El gobernador republicano, Bill Lee, fue noticia en mayo cuando permitió que el Departamento de Salud estatal compartiera con la policía los nombres y direcciones de quienes daban positivo para covid.

Por separado, el departamento de salud de la ciudad de Nashville proporcionó a la policía local las direcciones de las personas que daban positivo o que estaban en cuarentena.

Ambas acciones fueron criticadas y finalmente terminaron, pero Lee las defendió, diciendo que las eran apropiadas “para proteger las vidas de las fuerzas del orden” y que cumplían con las reglas federales de privacidad de la salud. Posteriormente, la ciudad buscó tranquilizar a sus “comunidades de inmigrantes diversas” diciendo que la información no se compartiría con las autoridades federales de inmigración.

Alabama, como Tennessee, tiene un historial de reglas estrictas con respecto a la inmigración, como una ley de 2011 que prohíbe que los inmigrantes sin papeles reciban casi todos los beneficios públicos, incluida la mayoría de la atención médica que no es de emergencia.

Velvet Luna, enfermera registrada de 26 años, ha construido su vida en Ozark, Alabama, una pequeña ciudad en Wiregrass, una región conocida por sus instalaciones de procesamiento de aves de corral y grandes poblaciones de inmigrantes hispanos y vietnamitas.

Luna se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) una iniciativa de la era Obama que otorga estatus temporal a jóvenes indocumentados a los que trajeron al país de niños. Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, casi 500,000 inmigrantes elegibles para DACA son trabajadores esenciales.

Luna, que habla con un suave acento sureño, solía hablar de su estatus migratorio, pero dijo que, en los últimos años, hombres que coqueteaban con ella cambiaban inmediatamente de actitud si sabían su estatus migratorio. “Decían cosas feas, hirientes, ‘Ustedes son la razón por la que nuestro país está en declive. Tienes que irte’”.

Como enfermera en un hospital del área que se ofreció como voluntaria para la unidad de covid, Luna ha recibido las dos dosis de la vacuna, pero entiende los riesgos que sopesan las familias indocumentadas; ninguno de sus padres, que vive cerca, tiene papeles. “Está bien tener miedo, y es una decisión valiente ir a vacunarse y proteger a tu familia”, dijo.

Incluso los opositores a la inmigración reconocen que la pandemia ha unido el destino de todos los que viven en el país, independientemente de cómo hayan llegado.

“Lo principal es vacunar a tantas personas como sea posible”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo conservador que aboga enérgicamente por restringir la inmigración. “Tu inmigración puede alcanzarte algún día, pero no será hoy”.

La administración Biden ha dicho que ICE no realizará operaciones en o cerca de los sitios de vacunación. “ICE no realiza ni llevará a cabo operaciones en o cerca de las instalaciones de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgencias, excepto en las circunstancias más extraordinarias”, según una declaración del Departamento de Seguridad Nacional del 1 de febrero.

Los comisionados estatales de salud también han tratado de calmar los nervios. “No le negamos la vacuna a nadie que se presente en nuestros sitios y esté en la fase que se está vacunando”, dijo la doctora Lisa Piercey, comisionada del Departamento de Salud de Tennessee. “Este es un recurso federal, y si estás en este país, tienes una vacuna”.

Los defensores, sin embargo, dijeron que persisten obstáculos para convencer a los inmigrantes de que la información no se utilizará en su contra. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) esperan que los proveedores que administran las vacunas carguen la información del paciente en los registros estatales, incluido TennISS en Tennessee o ImmTrac2 en Texas.

Los sistemas de seguimiento permiten a los proveedores asegurarse de que los pacientes regresen para su segunda dosis e identificar cualquier reacción adversa.

Los proveedores tratan de explicar que esta información se usa para iniciativas de salud, no para inmigración.

“Los pacientes, en particular los de origen inmigrante, son muy sensibles a compartir detalles familiares”, escribió Brian Haile, director ejecutivo de Neighborhood Health, una clínica comunitaria en Nashville, a funcionarios de salud de Tennessee en diciembre. “Si les pedimos que proporcionen esta información a proveedores que no conocen, serán aún más reticentes a vacunar a sus familias”.

En el condado de Hamblen, Khatri dijo que está tratando de persuadir a trabajadores en granjas de tomate y tabaco, y en plantas procesadoras de carne, zonas calientes de brotes de coronavirus, de que confíen en su clínica no solo para administrar la vacuna sino también para manejar datos confidenciales.

“Quieren acudir a un grupo de confianza”, dijo Khatri, cuyas clínicas tienen la aprobación para distribuir la vacuna, pero aún no han recibido ninguna dosis.

Helena Lobo, quien coordina el alcance hispano en Cherokee Health, dijo que, para algunos inmigrantes, la elección puede estar entre su salud o permanecer ocultos.

“Si tienen que arriesgar su estatus migratorio para recibir la vacuna contra covid, no la tendrán. No los culpo”, dijo Lobo. “Se preguntan: ‘¿Cuál es mi mayor riesgo? ¿Ser deportado o tener covid?’”.

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Illinois, primer estado en ofrecer cobertura médica a adultos mayores indocumentados

Como jefa de enfermería en uno de los hospitales más concurridos de la red de seguridad de atención médica de Chicago, Raquel Prendkowski ha sido testigo del devastador número de víctimas que COVID-19 ha causado entre los residentes más vulnerables de la ciudad, incluyendo a personas que no tienen seguro médico por su estatus migratorio.

Algunos llegan tan enfermos que van directo a cuidados intensivos. Muchos no sobreviven.

“Vivimos una pesadilla constante”, dijo Prendkowski mientras trataba a pacientes con coronavirus en el Hospital Mount Sinai, fundado a principios del siglo XX para atender a los inmigrantes más pobres. “Ojalá salgamos pronto de esto”.

La enfermera cree que algunas muertes, y mucho sufrimiento, podrían haberse evitado si estas personas hubieran tenido un tratamiento regular para todo tipo de condiciones crónicas —asma, diabetes, enfermedades del corazón— que pueden empeorar COVID-19.

Y ahora se siente esperanzada.

En medio del brote del mortal virus que ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades hispanas, Illinois se convirtió recientemente en el primer estado de la nación en extender el seguro médico público a todos los adultos mayores no ciudadanos de bajos ingresos, incluso si son indocumentados.

Defensores de los inmigrantes esperan que inspire a otros estados a hacer lo mismo. De hecho, legisladores demócratas de California están presionando para expandir su Medicaid a todos los inmigrantes indocumentados del estado.

“Hacer esto durante la pandemia muestra nuestro compromiso con la expansión y ampliación del acceso a la atención de salud. Es un gran primer paso”, señaló Graciela Guzmán, directora de campaña de Healthy Illinois, que promueve la cobertura universal en el estado.

Muchos inmigrantes indocumentados sin cobertura de salud no van al médico. Ese fue el caso de Victoria Hernández, una limpiadora de casas de 68 años que vive en West Chicago, Illinois. La mujer, nativa de la Ciudad de México dijo que, cuando no tenía seguro, simplemente no iba al médico.

Soportaba cualquier dolencia hasta que encontró un programa de caridad que la ayudó a  tratar su prediabetes. Dijo que tiene la intención de inscribirse en el nuevo plan estatal una vez que tenga más información.

“Estoy muy agradecida por el nuevo programa”, explicó a través de un traductor que trabaja para DuPage Health Coalition, una organización sin fines de lucro que coordina la atención de caridad para personas sin seguro médico como Hernández en el condado de DuPage, el segundo más poblado del estado. “Sé que ayudará a mucha gente como yo. Sé que tendrá buenos resultados, muy, muy buenos resultados”.

Primero, Healthy Illinois intentó ampliar los beneficios de Medicaid a todos los inmigrantes de bajos ingresos, pero los legisladores decidieron empezar con un programa más pequeño, que cubre a adultos mayores de 65 años o más que son indocumentados, o que han sido residentes permanentes, tienen tarjeta verde, por menos de cinco años (este grupo no califica para seguro de salud auspiciado por el gobierno).

Los participantes deben tener ingresos que estén en o por debajo del nivel de pobreza federal, que es de $12,670 para un individuo o $17,240 para una pareja. Cubre servicios como visitas al hospital y al médico, medicamentos recetados, y atención dental y oftalmológica (aunque no estancias en centros de enfermería), sin costo para el paciente.

La nueva norma continúa la tendencia de expandir la cobertura de salud del gobierno a los inmigrantes sin papeles.

Illinois fue el primer estado que cubrió la salud de niños indocumentados y también los transplantes de órganos. Otros estados y el Distrito de Columbia lo hicieron después.

El año pasado, California fue el primero en ofrecer cobertura pública a los adultos indocumentados, cuando amplió la elegibilidad para su programa Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos menores de 26 años.

Según la ley federal, las personas indocumentadas generalmente no son elegibles para Medicare, Medicaid que no es de emergencia y el mercado de seguros de salud de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Los estados que ofrecen cobertura a esta población lo hacen usando sólo fondos estatales.

Se estima que en Illinois viven 3,986 adultos mayores indocumentados, según un estudio del Centro Médico de la Universidad de Rush y el grupo de demógrafos de Chicago Rob Paral & Associates; y se espera que el número aumente a 55,144 para 2030. El informe también encontró que el 16% de los inmigrantes de Illinois de 55 años o más viven en la situación de pobreza, en comparación con el 11% de la población nacida en el país.

Dado que la administración saliente de Trump ha promovido duras medidas migratorias, sectores del activismo pro inmigrante temen que haya miedo a inscribirse en el nuevo programa porque podría afectar la capacidad de obtener la residencia o la ciudadanía en el fututo, y trabajan para asegurarles que no lo hará.

“Illinois cuenta con un legado de ser un estado que acepta al recién llegado y de proteger la privacidad de los inmigrantes”, señaló Andrea Kovach, abogada que trabaja en equidad en la salud en el Shriver Center for Poverty Law en Chicago.

Se espera que la normativa cubra inicialmente de 4,200 a 4,600 inmigrantes mayores, a un costo aproximado de entre $46 millones a $50 millones al año, según John Hoffman, vocero del Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois.

Algunos representantes estatales republicanos criticaron la expansión de la cobertura, diciendo que era imprudente hacerlo en un momento en que las finanzas de Illinois sufren por la pandemia. En una declaración condenando el presupuesto estatal de este año, el Partido Republicano de Illinois lo denominó “atención de la salud gratuito para los inmigrantes ilegales”.

Pero los defensores de la nueva política sostienen que muchos inmigrantes sin papeles pagan impuestos sin ser elegibles para programas como Medicare y Medicaid, y que gastar por adelantado en cuidados preventivos ahorra dinero, a largo plazo, al reducir el número de personas que esperan para buscar tratamiento hasta que es una emergencia.

Para Delia Ramírez, representante estatal de Illinois, ampliar la cobertura de salud a todos los adultos mayores de bajos ingresos es personal. A la demócrata de Chicago la inspira su tío, un inmigrante de 64 años que no tiene seguro.

Dijo que intentó que la legislación cubriera a las personas de 55 años o más, ya que la gran mayoría de los indocumentados no son personas mayores (señaló que muchos de los inmigrantes mayores —2,7 millones, según estimaciones del gobierno— obtuvieron el estatus legal con la ley de amnistía federal de 1986).

Un mayor número de inmigrantes más jóvenes también pueden estar sin seguro. En los Centros de Salud Esperanza, uno de los mayores proveedores de atención médica para inmigrantes de Chicago, el 31% de los pacientes de 65 años o más carece de cobertura, en comparación con el 47% de los de 60 a 64 años, según Jeffey McInnes, que supervisa el acceso de los pacientes a las clínicas.

Ramírez dijo que su tío la llamó después de ver las noticias sobre la nueva legislación en la televisión en español. Contó que su tío ha vivido en el país por cuatro décadas y ha trabajado para que sus cuatro hijos fueran a la universidad. También padece asma, diabetes e hipertensión, lo que lo hace de alto riesgo para COVID-19.

“Yo le dije: ‘Tío, todavía no. Pero cuando cumplas 65 años, finalmente tendrás atención médica, si es que aún no hemos conseguido legalizarte”, recordó Ramírez, emocionada, durante una reciente entrevista telefónica.

“Así que es un recordatorio para mí de que, en primer lugar, fue una gran victoria para nosotros y ha significado la vida o una segunda oportunidad de vida para muchas personas”, dijo. “Pero también significa que todavía tenemos un largo camino por recorrer para hacer de la atención de salud un verdadero derecho humano en el estado, y en la nación”.

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La pandemia de covid-19 está devastando a los profesionales de salud de color

La primavera pasada, Maritza Beniquez, enfermera de una sala de emergencias de Nueva Jersey, fue testigo de “una oleada tras otra” de pacientes enfermos, cada uno con una mirada aterrada que se volvió familiar a medida que pasaban las semanas.

Pronto, fueron sus colegas del Hospital Universitario de Newark, enfermeras, técnicos y médicos con los que había estado trabajando codo con codo, quienes se presentaban en la emergencia luchando por respirar. “Muchos de nuestros propios compañeros de trabajo se enfermaron, especialmente al principio; literalmente diezmó a nuestro personal”, contó.

A fines de junio, 11 de los colegas de Beniquez habían muerto. Como los pacientes que habían estado tratando, la mayoría eran de raza negra y latinos (que pueden ser de cualquier raza).

“Nos vimos afectados de manera desproporcionada por la forma en que nuestras comunidades se han visto afectadas de manera desproporcionada en cada [parte de] nuestras vidas, desde las escuelas hasta los trabajos y los hogares”, dijo.

El 14 de diciembre, Beniquez se convirtió en la primera persona en Nueva Jersey en recibir la vacuna contra el coronavirus, y fue una de los muchos trabajadores médicos de color destacados en los titulares.

Fue una ocasión alegre, que reavivó la posibilidad de volver a ver a sus padres y a su abuela de 96 años, quienes viven en Puerto Rico. Pero esas imágenes transmitidas a nivel nacional también fueron un recordatorio de aquéllos para quienes la vacuna llegó demasiado tarde.

Covid-19 se ha cobrado un precio enorme entre los afroamericanos y los hispanounidenses. Y esas disparidades se extienden a los trabajadores médicos que los intubaron, limpiaron sus sábanas y tomaron sus manos en sus últimos días, halló una investigación de KHN/The Guardian.

Las personas de color representan aproximadamente el 65% de las muertes en los casos en los que hay datos de raza y etnia.

Un estudio reciente encontró que los trabajadores de salud de color tienen más del doble de probabilidades que sus contrapartes caucásicas de dar positivo para el virus. Son más propensos a tratar a pacientes diagnosticados con covid, y a trabajar en hogares de adultos mayores, los principales focos de coronavirus; y también a reportar un suministro inadecuado de equipo de protección personal, según el informe.

En una muestra nacional de 100 casos recopilados por KHN/The Guardian en los que un trabajador de salud expresó su preocupación por la insuficiencia de EPP antes de morir por covid, tres cuartas partes de las víctimas fueron identificadas como negras, hispanas, nativas americanas o asiáticas.

“Es más probable que los trabajadores de salud de raza negra quieran ir a atenderse al sector público donde saben que tratarán de manera desproporcionada a las comunidades de color”, dijo Adia Wingfield, socióloga de la Universidad de Washington en St. Louis, quien ha estudiado la desigualdad racial en el industria del cuidado de salud. “Pero también es más probable que estén en sintonía con las necesidades y desafíos particulares que puedan tener las comunidades de color”, dijo.

Wingfield agregó que muchos miembros del personal de atención médica afroamericanos no solo trabajan en centros de salud de bajos recursos, sino que también son más propensos a sufrir muchas de las mismas comorbilidades que se encuentran en la población negra en general, un legado de décadas de inequidades sistémicas.

Y pueden ser víctimas de estándares de atención más bajos, agregó la doctora Susan Moore, pediatra de raza negra de 52 años de Indiana, quien fue hospitalizada con covid en noviembre y, según un video publicado en su cuenta de Facebook, tuvo que pedir repetidamente pruebas, remdesivir y analgésicos. Dijo que su médico (caucásico) desestimó sus quejas de dolor y fue dada de alta, solo para ser internada en otro hospital 12 horas después.

Numerosos estudios han encontrado que los afroamericanos a menudo reciben peor atención médica que sus contrapartes blancas: en marzo, una empresa de biotecnología de Boston publicó un análisis que mostraba que era menos probable que los médicos remitieran a pacientes negros sintomáticos para pruebas de coronavirus que a los blancos sintomáticos.

Los médicos también son menos propensos a recetar analgésicos a pacientes negros.

“Si fuera blanca, no tendría que pasar por eso”, dijo Moore en el video publicado desde su cama de hospital. “Así es como matan a los negros, cuando los envías a casa, y no saben cómo luchar por sí mismos”. Moore murió el 20 de diciembre por complicaciones de covid, dijo su hijo Henry Muhammad a los medios de comunicación.

Junto con las personas de color, los trabajadores de salud inmigrantes han sufrido pérdidas desproporcionadas a causa de covid-19. Más de un tercio de los trabajadores de salud que mueren por covid en el país nacieron en el extranjero, desde Filipinas y Haití, hasta Nigeria y México, según un análisis de KHN/The Guardian de casos registrados. Representan el 20% del total de trabajadores de salud de los Estados Unidos.

El doctor Ramon Tallaj, médico y presidente de Somos, una red sin fines de lucro de proveedores de atención médica en Nueva York, dijo que los médicos y enfermeras inmigrantes a menudo ven a pacientes de sus propias comunidades, y muchas comunidades inmigrantes de clase trabajadora han sido devastadas por covid.

“Nuestra comunidad son trabajadores esenciales. Tuvieron que ir a trabajar al comienzo de la pandemia, y cuando se enfermaban, iban a ver al médico de la comunidad”, dijo. Doce médicos y enfermeras de la red Somos han muerto por covid, dijo.

El doctor Eriberto Lozada era médico de familia de 83 años en Long Island, Nueva York. Todavía estaba viendo pacientes fuera de su consulta cuando los casos comenzaron a aumentar la primavera pasada. Originario de Filipinas, un país con un historial de envío de trabajadores médicos calificados a los Estados Unidos, estaba orgulloso de ser médico y “de haber sido un inmigrante próspero”, dijo su hijo James Lozada.

Los miembros de la familia de Lozada lo recuerdan como estricto y de voluntad fuerte; lo llamaban cariñosamente “el rey”. Inculcó a sus hijos la importancia de una buena educación. Murió en abril.

Dos de sus cuatro hijos, John y James Lozada, son médicos. Ambos fueron vacunados el mes pasado. Considerando todo lo que habían pasado, dijo John, fue una ocasión “agridulce”. Pero pensó que era importante por otra razón: ser un ejemplo para sus pacientes.

Las desigualdades en las infecciones, y las muertes, por covid podrían alimentar la desconfianza en la vacuna. En un estudio reciente del Pew Research Center, alrededor del 42% de los encuestados de raza negra dijeron que “definitivamente o probablemente” recibirían la vacuna en comparación con el 60% de la población general.

Esto tiene sentido para Patricia Gardner, enfermera nacida en Jamaica y gerenta en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, en Nueva Jersey, quien contrajo el coronavirus junto con familiares y colegas. “Mucho de lo que escucho es, ‘¿Cómo es que no fuimos los primeros en recibir atención, pero ahora somos los primeros en vacunarnos?’”, dijo.

Al igual que Beniquez, se vacunó el 14 de diciembre. “Para mí, dar un paso al frente y decir: ‘Quiero estar en el primer grupo’, espero que eso envíe un mensaje”, dijo.

Beniquez dijo que sintió el peso de esa responsabilidad cuando se inscribió para ser la primera persona en su estado en recibir la vacuna. Muchos de sus pacientes han expresado escepticismo, impulsado, opinó, por un sistema de salud que les ha fallado durante años.

“Recordamos los juicios de Tuskegee. Recordamos las ‘apendicectomías’ ”: informes de mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Georgia. “Estas son cosas que le han sucedido a esta comunidad, a las comunidades negras y latinas durante el último siglo. Como trabajadora de salud, tengo que reconocer que sus temores son legítimos y explicarles ‘Esto no es lo mismo’”, dijo.

Beniquez dijo que su alegría y alivio por recibir la vacuna se ven atenuados por la realidad del aumento de casos en la sala de emergencias. La adrenalina que ella y sus colegas sintieron la primavera pasada se ha ido, reemplazada por la fatiga y la cautela de los meses venideros.

Su hospital colocó 11 árboles en el vestíbulo, uno por cada empleado que murió de covid; han sido adornados con recuerdos y obsequios de sus colegas.

Hay uno para Kim King-Smith, de 53 años, el amable técnico de EKG, que visitaba a amigos de amigos, o a familiares cada vez que terminaba en el hospital.

Uno para Danilo Bolima, 54, el enfermero de Filipinas que se convirtió en profesor y era el jefe de servicios de atención al paciente.

Otro para Obinna Chibueze Eke, de 42 años, asistente de enfermería nigeriano, que pidió a sus amigos y familiares que oraran cuando estuvo hospitalizado con covid.

“Cada día, recordamos a nuestros colegas y amigos caídos como los héroes que nos ayudaron a seguir adelante durante esta pandemia y más allá”, dijo el doctor Shereef Elnahal presidente y director ejecutivo del hospital, en un comunicado. “Nunca olvidaremos sus contribuciones y su pasión colectiva por esta comunidad y por los demás”.

Justo afuera del edificio, está el árbol número 12. “Será para otro u otra que perdamos en esta batalla”, dijo Beniquez.

Esta historia es parte de “Lost on the Frontline”, un proyecto en curso de The Guardian y Kaiser Health News que tiene como objetivo documentar las vidas de los trabajadores de  salud de los Estados Unidos que mueren a causa de COVID-19, e investigar por qué tantos son víctimas de la enfermedad. Si tienes un colega o un ser querido que deberíamos incluir, por favor comparte su historia.

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KHN on the Air This Week

KHN Midwest correspondent Lauren Weber discussed how the COVID-19 backlash undermines public health on Newsy on Thursday.

California Healthline editor Arthur Allen discussed COVID vaccines with KIQI 1010AM’s “Hecho en California” on Thursday. (The interview, conducted in Spanish, begins around the 2:50 mark.)

California Healthline correspondent Angela Hart co-moderated a panel on the future of the Affordable Care Act in California at the Sacramento Press Club on Tuesday.

KHN senior correspondent Phil Galewitz discussed COVID vaccine distribution on Newsy on Tuesday.

KHN Editor-in-Chief Elisabeth Rosenthal discussed COVID prevention PSAs and why they should be scarier on WNYC’s “The Takeaway” on Tuesday. She also discussed COVID and President-elect Joe Biden’s health care team on WBUR’s “On Point” on Dec. 11.

KHN Midwest correspondent/editor Laura Ungar discussed COVID primary care closures on Minnesota Public Radio on Dec. 11.

KHN chief Washington correspondent Julie Rovner discussed the surge in COVID cases and efforts for a relief bill in Congress with WAMU’s “1A” on Dec. 11.

KHN senior Colorado correspondent Markian Hawryluk discussed contact tracing in a Latino immigrant community with KUNC’s “Colorado Edition” on Dec. 10.

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Voces confiables ayudan a inmigrantes a superar el temor a la vacuna contra COVID

MINNEAPOLIS.- Gloria Torres-Herbeck se aplica la vacuna contra la gripe cada temporada. Pero la maestra de 53 años de Rochester, Minnesota, aún no está convencida de querer estar primera en la fila para una contra COVID-19.

“No soy muy mayor, pero no soy tan fuerte como otras personas”, dijo. “Por eso, necesito ser realista sobre mi situación. ¿Quiero participar en algo que podría ponerme en riesgo? ”

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ya otorgó la autorización de uso de emergencia para una vacuna y está considerando la aprobación de una segunda.

Mientras tanto, funcionarios de salud pública de todo el país se preparan para lo que podría ser tan desafiante como la distribución de la vacuna: persuadir a comunidades que han sido duramente afectadas por el virus, familias de bajos ingresos, personas de raza negra y latinos (de cualquier raza) de que se vacunen.

Sin embargo, funcionarios creen que algunas zonas tienen ventaja. Rochester, en Minnesota, sede de la Clínica Mayo, es uno de ellas. La Rochester Healthy Community Partnership ha estado trabajando para reducir las disparidades de salud en las comunidades de inmigrantes del área, residentes somalíes, hispanos, camboyanos, sursudaneses y etíopes, durante 15 años.

La asociación está compuesta por investigadores y proveedores de salud de Mayo, funcionarios de salud pública del condado y voluntarios comunitarios como Torres-Herbeck, quien emigró desde México hace 27 años.

“Cuando la pandemia impactó en marzo, nos dimos cuenta que con estas alianzas de larga data estábamos en una posición única por la confianza construida a lo largo de los años entre los expertos de Mayo y sus socios comunitarios”, dijo el doctor Mark Wieland, quien apoya al grupo y estudia el impacto de estas asociaciones.

Aunque hasta ahora solo se ha recopilado evidencia preliminar, hay indicios de que desde que comenzaron estos esfuerzos, Rochester ha aumentado las pruebas para COVID-19, ha mejorado el rastreo de contactos y ha impulsado comportamientos preventivos como el uso de máscaras y el distanciamiento físico en estas comunidades vulnerables, agregó Wieland.

El grupo espera que esos primeros éxitos sean un buen augurio para la aceptación de la vacuna.

Aprendiendo del sarampión

La asociación de Rochester apuesta por un enfoque de sentido común que se centra en valores compartidos, transparencia y comunicación clara.

Es una estrategia que ha tenido éxito en el pasado.

Cuando una epidemia de sarampión golpeó a la población somalí en Minneapolis-St. Paul, en 2017, la Clínica Mayo se acercó a los líderes comunitarios de los 25,000 inmigrantes somalíes que viven en el área de Rochester.

Muchos tenían miedo de vacunarse por la falsa presunción de que la vacuna podría causar autismo, y las tasas de vacunación eran bajas en la comunidad. Médicos realizaron reuniones públicas en mezquitas y centros comunitarios, respondiendo preguntas sobre la seguridad de las vacunas y asegurando a los residentes que no había evidencia científica de un vínculo con el autismo.

Actores somalíes crearon videos de YouTube para ayudar a abordar preocupaciones comunes. Al final, no se registraron casos de sarampión en el condado de Olmsted, hogar de Rochester.

Hace aproximadamente un año, y a pedido de un rabino, el doctor Robert Jacobson, director médico del Programa de Ciencias de la Salud de la Población en la Clínica Mayo, visitó una comunidad judía ortodoxa en Nueva York en la que el rechazo a la vacuna estaba generando otro brote de sarampión. Ayudó a líderes de la atención médica a disipar preocupaciones.

“Los judíos ortodoxos de esa comunidad rechazaban esa vacuna por la misma razón por la que la recomendamos”, dijo Jacobson. “Estaban tratando de proteger a sus hijos”.

Los esfuerzos de líderes judíos, expertos en salud pública como Jacobson y legisladores que endurecieron las leyes sobre exenciones de vacunas, ayudaron a sofocar el brote.

Desde marzo, la asociación de Rochester ha transmitido mensajes similares sobre COVID-19. El miedo o los malentendidos fueron un problema al comienzo de la pandemia. Los miembros de las comunidades de inmigrantes colgaban cuando los llamaban del departamento de salud.

Entonces, la asociación desarrolló mensajes en varios idiomas para explicar la importancia de esas llamadas telefónicas. Resolvieron problemas de comunicación. Por ejemplo, en somalí se usa la misma palabra para “resfriado” y “gripe”.

Ahora, menos gente cuelga.

Los miembros de esta alianza “son expertos en las sutilezas de sus comunidades”, observó Wieland.

Cuando el grupo se enteró de que muchos inmigrantes se sentían intimidados por las pruebas de COVID-19 y no estaban seguros de la logística, recomendó simplificar el proceso: ahora, videos con líderes comunitarios en las redes sociales dirigen a las personas a los sitios de prueba. Una vez allí, cualquiera que no hable inglés puede realizar la prueba sin necesidad de identificación ni tarjeta de seguro médico.

Faltaba el “por qué”

Solo el 40% de los adultos mayores de raza negra y el 51% de los hispanos mayores dijeron que probablemente se vacunarían contra COVID-19, en comparación con el 63% de los blancos no hispanos mayores, reveló una encuesta de la Universidad de Michigan.

Sus preocupaciones reflejan las de Torres-Herbeck: qué tan bien funciona la vacuna o qué tan segura es.

Una encuesta aún más reciente de personas de todas las edades para COVID Collaborative, un grupo de defensa de salud, mostró que la confianza en la seguridad de las vacunas es tan baja como el 14% para los afroamericanos y el 34% para los latinos.

Los adultos mayores dijeron que les gustaría recibir recomendaciones de personas en las que confían, según la encuesta de Michigan. Y los afroamericanos tienen el doble de probabilidades de confiar en voceros de su propia raza, reveló la otra encuesta.

La ventaja de grupos como la asociación de Rochester es que sus miembros son mensajeros de confianza.

Torres-Herbeck contó que había estado hablando con un jardinero que no usaba máscara. Ella le explicó que COVID-19 es un virus y cómo se propaga. El jardinero se sorprendió y se puso un cubrebocas.

A menudo, los funcionarios de salud pública ofrecen instrucciones sobre cómo actuar y qué hacer, como usar una máscara y lavarse las manos, pero no explican por qué, dijo Torres-Herbeck.

Sin embargo, no se trata solo de difundir hechos. Centrarse en los valores compartidos es clave para generar confianza. Cuando Adeline Abbenyi, gerente del programa de Mayo Clinic para el Centro de Investigación sobre Equidad Saludable y Participación Comunitaria, dijo que su madre, que nunca había temido a las vacunas, dudaba en recibir una vacuna COVID-19, Jacobson entendió.

“Muchos de nosotros sentimos lo mismo”, dijo Jacobson en una reunión por Zoom. “Participo del optimismo de que tendremos una vacuna que sea segura y efectiva, pero no la usaré hasta que vea esa evidencia”.

Es normal que la gente dude, no son anti-vacunas. Los médicos y enfermeras que están recibiendo las primeras dosis probablemente ayudarán a muchas personas a superar esa vacilación, agregó.

De hecho, Torres-Herbeck dijo que lo que la persuadiría a ella de vacunarse es ver a Jacobson recibir la vacuna.

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Sin presidente todavía, el futuro de la salud también sigue siendo incierto

Sin un ganador y sin saber todavía qué partido controlará el Senado, el futuro del sistema de salud de la nación también sigue siendo incierto.

Lo que está en juego es si el gobierno federal desempeñará un papel más importante en el financiamiento y el establecimiento de las reglas básicas para la cobertura de atención médica o cederá más autoridad a los estados y al sector privado.

Si el presidente Donald Trump gana y los republicanos retienen el control del Senado, es posible que Trump aún no pueda hacer cambios radicales mientras la Cámara siga bajo control demócrata.

Pero, gracias a las reglas establecidas por los republicanos del Senado, se podrían seguir apilando demandas en los tribunales federales con juristas conservadores que probablemente defiendan el uso expansivo del poder ejecutivo por parte de Trump para tomar decisiones de salud.

El presidente también se ha comprometido a continuar sus esfuerzos para deshacerse de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Si la Corte Suprema anula la ley general como parte de un desafío que escuchará la próxima semana, se pondrá a prueba la promesa de los republicanos de proteger a las personas con condiciones médicas preexistentes.

En un segundo mandato, la administración probablemente también continuará sus esfuerzos para modificar Medicaid instituyendo requisitos laborales para los adultos inscritos y brindando más flexibilidad a los estados para cambiar el diseño del programa.

Si Joe Biden gana y los demócratas obtienen la mayoría en el Senado, sería la primera vez que el partido controla la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso desde 2010, el año en que se aprobó ACA.

Una de las principales prioridades será lidiar con la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas. Biden hizo de este tema una piedra angular de su campaña, prometiendo implementar políticas basadas en el asesoramiento médico y científico, y proporcionar más directrices y ayuda a los estados.

Pero también ocupa un lugar destacado en su agenda abordar partes de ACA que no han funcionado tan bien como esperaban sus autores. Se comprometió a agregar una “opción pública” administrada por el gobierno, que sería una alternativa a los planes de seguros privados en los mercados, y a reducir la edad de elegibilidad para Medicare a 60 años.

Si bien los demócratas continuarán controlando la Cámara, aún no se ha determinado la composición final del Senado. E incluso si los demócratas ganan el Senado, no se espera que obtengan una mayoría que les permita aprobar leyes sin el apoyo de algunos senadores republicanos, a menos que cambien las reglas del Senado.

Pero quién controle Washington es solo una parte del impacto de las elecciones en las políticas de salud. Varios problemas de salud clave están en manos de los estados. Algunos de ellos:

Aborto

En Colorado, una medida que habría prohibido los abortos después de las 22 semanas de embarazo, excepto para salvar la vida de la embarazada, fracasó, según The Associated Press. Colorado es uno de los siete estados que no prohíben los abortos en algún momento del embarazo.

También alberga una de las pocas clínicas del país que realizan abortos en el tercer trimestre del embarazo, a menudo por complicaciones médicas graves. La clínica atrae pacientes de todo el país, por lo que los residentes de otros estados se habrían visto afectados si se aprobara la enmienda de Colorado.

En Louisiana, sin embargo, los votantes aprobaron fácilmente una enmienda a la constitución estatal para indicar que nada en el documento proteja el derecho al aborto o a financiarlo. Esto facilitaría que el estado prohíba el aborto si la Corte Suprema anula Roe v. Wade, que hace que las prohibiciones estatales del aborto sean inconstitucionales.

Medicaid

El destino del programa de salud para las personas de bajos ingresos no está en la boleta electoral directamente en ninguna parte de esta elección. (Los votantes aprobaron expansiones del programa en Missouri y Oklahoma a principios de este año).

Pero el programa se verá afectado no solo por quién controle la presidencia y el Congreso, sino también por quién controle las legislaturas en los estados que no han expandido Medicaid en el marco de ACA. Carolina del Norte es un estado clave donde un cambio en la mayoría de la legislatura podría modificar el rumbo de la expansión.

Marihuana y alucinógenos

En seis estados, los votantes están decidiendo la legalidad de la marihuana de una forma u otra. Montana, Arizona y Nueva Jersey estaban decidiendo si unirse a los 11 estados que permiten su uso recreativo.

Los votantes de Mississippi y Nebraska estaban eligiendo si legalizarían la marihuana medicinal, y Dakota del Sur se convirtió en el primer estado en votar sobre la legalización de la marihuana medicinal y recreativa en la misma elección.

Las setas alucinógenas (hongos) están en dos papeletas. Se aprobó una medida en Oregon para permitir el uso de hongos productores de psilocibina con fines medicinales, y una propuesta del Distrito de Columbia para despenalizar los hongos alucinógenos estaba ganando adeptos.

También se aprobó una pregunta en la boleta electoral en Oregon para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras, incluida la heroína, cocaína y metanfetamina, y ordenar el establecimiento de centros de recuperación de adicciones, utilizando parte de los ingresos fiscales de las ventas de marihuana para establecer esos centros.

California

Como de costumbre, los votantes de California se enfrentaron a una larga lista de medidas electorales relacionadas con la salud.

Por segunda vez en dos años, la rentable industria de diálisis renal del estado fue cuestionada en las urnas. Una iniciativa patrocinada por un sindicato habría requerido que las empresas de diálisis contrataran a un médico en cada clínica y presentaran informes sobre casos de infecciones al estado. Pero la industria gastó $105 millones en contra de la medida. La medida falló, según AP.

También se les pidió a los votantes que decidieran, nuevamente, si financiarían la investigación con células madre del Instituto de Medicina Regenerativa de California a través de la Proposición 14. Los votantes aprobaron por primera vez el financiamiento para la agencia en 2004 y, desde entonces, se han gastado miles de millones con pocos resultados que derivaran en curas. La medida estaba ganando en los primeros resultados.

California ha estado a la vanguardia de la lucha por la llamada economía de los gig, y la votación de este año incluyó una propuesta impulsada por empresas de transporte como Uber y Lyft que les permitiría seguir tratando a los conductores como contratistas independientes en lugar de empleados.

Según la Proposición 22, las empresas no tendrían que proporcionar beneficios de salud directos a los conductores, pero tendrían que darles a los que califiquen un estipendio que podrían utilizar para pagar las primas de seguro médico comprado en el mercado del estado, Covered California. La medida fue aprobada.

Finalmente, se preguntó a los votantes si imponer impuestos a la propiedad más altos a los dueños de propiedades comerciales con terrenos y tenencias de propiedades valoradas en $3 millones o más, lo que podría ayudar a proporcionar nuevos ingresos destinados a ciudades y condados con problemas económicos afectados por el COVID-19, así como escuelas K-12 y colegios comunitarios.

Las clínicas comunitarias, las enfermeras de California y Planned Parenthood se lanzaron a la espinosa batalla política por la Propuesta 15, enfrentándose a poderosos grupos empresariales, con la mira puesta en los ingresos para ayudar a reconstruir el empobrecido sistema de salud pública de California.

Los demócratas en California, que controlan todos los cargos electos en todo el estado y tienen una supermayoría en la legislatura, se han estado posicionando para una victoria de Biden, y algunos ya estaban redactando una ambiciosa legislación de atención médica para el próximo año.

Si gana Biden, dijeron que planean tomar medidas enérgicas contra la consolidación de hospitales y terminar con las facturas sorpresa de las salas de emergencias, y algunos estaban discutiendo en silencio iniciativas liberales como buscar un sistema de atención médica de pagador único y expandir Medicaid para cubrir a más inmigrantes sin papeles.

JoNel Aleccia, Rachel Bluth, Angela Hart, Matt Volz y Samantha Young colaboraron con esta historia.

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¿Viajas para el Día de Acción de Gracias? Deberás atravesar la barrera de COVID

Molly Wiese estaba perpleja. Sus padres y hermanos viven en el sur de California, y Wiese, abogada de 35 años, ha viajado cada Navidad desde que se mudó a Minnesota en 2007.

Por la pandemia, Wiese pensó que esta vez sería más prudente quedarse. Pero en junio, el padre de Wiese fue diagnosticado con cáncer en estadio 4 y la familia teme que éstas sean sus últimas fiestas.

¿Debería volar con su esposo y sus dos hijos pequeños a California, poniendo a su padre inmunodeprimido en riesgo de COVID-19? ¿O quedarse en casa y perderse la oportunidad de crear recuerdos de estas fiestas?

Sus hijos están en la guardería y el marido de Wiese trabaja en una escuela. No tienen suficiente tiempo de vacaciones para ponerse en cuarentena antes o después de un vuelo, y conducir ocho días de ida y vuelta está fuera de discusión.

Teme transmitirle el coronavirus a su padre. Pero sus padres, que viven en la ciudad de Yucaipa de Inland Empire, creen que vale la pena correr el riesgo de ver a sus nietos y tener “nuestra Navidad normal”, contó Wiese.

“Idealmente, tendríamos una vacuna”, dijo. “Pero no creo que sea una expectativa realista”. Pfizer, el aparente líder en la carrera para una vacuna contra COVID, dice que ni siquiera estará listo para solicitar la aprobación hasta fines de noviembre, como muy pronto.

Si bien el enigma de Wiese es especialmente importante, su historia ilustra la difícil decisión a la que se enfrentan millones de estadounidenses sobre si viajar o no durante las vacaciones de invierno, y cómo hacerlo.

La mejor forma de evitar la propagación de enfermedades sería evitar los viajes o ampliar los círculos sociales. Para las celebraciones locales, la cuarentena durante dos semanas antes de un evento festivo minimizaría el riesgo, pero solo si todos los comensales se comprometieran a seguirla. Pero algunas personas tienen que trabajar fuera de casa.

Después de al menos siete meses de estar prácticamente encerrados, las vacaciones de invierno representan una tentación casi insuperable. Incluso expertos en salud pública y enfermedades infecciosas reconocen el dilema.

“Hay mucho que ganar con el contacto físico, en la misma sala y no en una pantalla de Zoom o FaceTime”, dijo el doctor Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en la Universidad de California-San Francisco.

El doctor Anthony Fauci, la autoridad nacional en enfermedades infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud, no es inmune al problema. El 13 de octubre, le dijo a “The World” que él y sus tres hijas adultas, que viven en distintos estados, todavía estaban decidiendo si estar juntos “valdría la pena”.

Al día siguiente, Fauci le dijo a “CBS Evening News” que la reunión de Acción de Gracias de su familia estaba cancelada, dados los riesgos que plantean los vuelos. “Puede que tenga que sacrificar esa reunión social, a menos que esté bastante seguro de que las personas con las que está tratando no están infectadas”, dijo.

El doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y la doctora Deborah Birx, coordinadora del equipo de respuesta a COVID de la administración Trump, advirtieron que las reuniones de Thanksgiving podrían propagar el virus.

En California, funcionarios de salud pública están adoptando un enfoque de “reducción de daño”: no están fomentando las reuniones de varias familias, pero han emitido pautas para hacer que las reuniones sean más seguras si se realizan al aire libre y duran menos de dos horas.

Funcionarios del condado de Los Ángeles, que ha visto un aumento en las tasas de transmisión en las últimas semanas, publicaron una guía similar, reconociendo que las personas separadas de sus seres queridos durante meses anhelan cada vez más ese contacto.

“Estamos tratando de encontrar un balance, pero creo que es apropiado que intentemos llevar a cabo algunas de las actividades que la gente está desesperada por poder hacer, con total apego a la guía”, dijo Barbara Ferrer, directora de del departamento de salud pública del condado, en una conferencia de prensa el 14 de octubre.

En todo el mundo, los feriados nacionales han impulsado la propagación de COVID-19 de manera explosiva. En China, donde comenzó la pandemia, se estima que 5 millones de personas que viajaban por el Año Nuevo chino abandonaron Wuhan, el epicentro del brote, antes de que se promulgara una prohibición de viajar.

En Irán, la pandemia se impulsó por Nowruz, una celebración de primavera de dos semanas durante la que viajan millones. En Israel, las fiestas y reuniones religiosas de Purim provocaron una transmisión generalizada a fines de marzo.

Las celebraciones de Memorial Day, el 4 de julio y el Día del Trabajo impulsaron aumentos repentinos de casos en los Estados Unidos, por eso el Día de Acción de Gracias asusta a los funcionarios de salud pública.

El año pasado, viajaron más de 55 millones de personas durante los días que rodearon ese cuarto jueves de noviembre.

Sin embargo, funcionarios de todo el país están siendo suaves cuando se trata de advertencias.

En Minnesota, donde vive Wiese y los casos están alcanzando niveles récord, funcionarios instan al público a evitar las tiendas abarrotadas y las grandes reuniones en interiores con varias familias.

Pero dicen que las cenas de Acción de Gracias al aire libre con amigos y familiares locales son menos riesgosas. Su guía no explica cómo tolerar un Día de Acción de Gracias al aire libre en Minnesota. La temperatura máxima promedio en Minneapolis el 26 de noviembre es de 33 grados.

Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dice “paremos un poco”.

Osterholm explicó que si no puedes ponerte en cuarentena durante 10 a 14 días antes del evento, es decir, sin contacto con personas además de los miembros de tu hogar que también están en cuarentena, no vayas a la cena de Acción de Gracias en otra casa: el estado ya ha visto demasiados ejemplos de personas vulnerables que se enferman y mueren después de asistir a bodas, funerales y cumpleaños.

“Que este sea tu año COVID”, dijo Osterholm. “Es un año muy desafiante, pero no quieres introducir este virus en entornos familiares y experimentar las consecuencias”.

Osterholm y su pareja pasarán el Día de Acción de Gracias y la Navidad sin familiares, a pesar de que sus hijos y nietos son todos locales. Debido a que todos sus nietos están en la guardería o en la escuela, no hay suficiente tiempo para que sus familias se pongan en cuarentena antes de disfrutar juntos de una comida navideña.

Sintió empatía con la difícil situación de Wiese. Si decide volar a California, dijo, debería acuartelar a su familia lo más posible durante 10 días antes, y luego no pasar más de dos días con su padre.

“Incluso si se infectara, no sería más contagiosa hasta probablemente el tercer día”, dijo. “Entonces, si ella pasa esos dos días con él, puede sentirse relativamente bien por el hecho de que no los puso en riesgo”.

Para aquellos que viajan, conducir es mucho más seguro que volar porque los conductores pueden estar aislados en un compartimento doméstico y evitar la exposición al coronavirus renunciando a los restaurantes y desinfectando las manijas del baño y la bomba de gasolina antes de tocarlos.

El doctor Iahn Gonsenhauser, director de calidad y seguridad del paciente del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que planea conducir con su familia, pasando la noche en un hotel en el camino, para pasar el Día de Acción de Gracias con la familia de su hermana en Colorado.

Él y su familia se mantienen aislados y trabajan desde casa tanto como sea posible, dejando la casa solo para compras y mandados básicos mientras evitan restaurantes y centros comerciales, dijo. Si alguien en cualquiera de las familias comenzara a mostrar síntomas de COVID, o confirmara la exposición a una persona con COVID positivo, todo el viaje se cancelaría instantáneamente.

“Es por eso que hacemos todos los planes con una reserva reembolsable”, dijo. “Si las personas no tienen forma de salirse de sus reservas, están más inclinadas a tomar un riesgo aparente”.

Chin-Hong ofreció este consejo para los viajeros de vacaciones: házte la prueba antes del vuelo para tu tranquilidad, compra boletos en un avión que deje los asientos del medio vacíos, usa máscaras N95 altamente protectoras y escudos faciales, y coloca las rejillas de ventilación individuales del avión directamente sobre cada miembro de la familia para romper las posibles partículas de virus. Y, por supuesto, lávate las manos con frecuencia.

Chin-Hong está adoptando ese enfoque en un viaje familiar planificado a la ciudad de Nueva York para visitar a su madre, que tiene más de 80 años y quiere ver a su hijo, nuera y nietos. Cada visita podría ser la última, dijo Chin-Hong.

“Para mí, la relación riesgo-beneficio apoya la idea ir a verla”.

Después de escuchar los consejos de Chin-Hong y otros expertos en enfermedades infecciosas, Wiese decidió el fin de semana pasado comprar boletos de avión para visitar a sus padres.

“Realmente nos ayudó a tomar una decisión que me estaba dando mucha ansiedad”, expresó.

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El coronavirus prolifera entre trabajadores latinos en un condado rico de California

En una cálida tarde de finales de junio, la gente acudió en masa a las mesas al aire libre de la calle principal de esta ciudad para tomar sauvignon blanc, comer pizza cocinada en horno de leña y celebrar “Dining Under the Lights”, uno de los pasatiempos favoritos de los residentes del condado de Marin.

A una milla de allí, Crisalia Calderón estaba acurrucada en su apartamento, enfrentando una noche de insomnio mientras lidiaba con los primeros síntomas de COVID-19.

La empleada doméstica, de 29 años, tenía dificultades para respirar.  “Cada vez que intentaba dormir, sentía que me ahogaba”, contó durante una entrevista reciente. Su esposo, Henry, trabajador de la construcción, sufría un terrible dolor de espalda.

Unos días antes, Henry la había llamado sollozando desde una sala de emergencias después de dar positivo para el coronavirus. La pareja y sus tres hijos pequeños comparten un apartamento del barrio del Canal con la hermana de Crisalia y los cuatro miembros de su familia. “Él no quería volver a casa”, dijo ella. “¿Pero qué podíamos hacer? ¿A dónde podría ir?”

En casa, Henry trató de aislarse en la litera de arriba de una de las camas de sus hijos. Pero era demasiado tarde. En una semana, todas las personas de la vivienda, excepto dos, dieron positivo para COVID-19.

Las comunidades de color de bajos ingresos, especialmente los latinos, sufren cada vez más el peso de la pandemia de coronavirus en California, donde la propagación de infecciones entre los trabajadores pobres del sector servicios, que viven en condiciones de hacinamiento, ha resaltado el aumento de las desigualdades raciales y económicas.

Estas disparidades son particularmente marcadas en la idílica Marin, donde el aumento de nuevos casos de COVID-19, concentrados en un superpoblado vecindario latino, ha ayudado a que el condado figure en la lista de vigilancia de pandemias del estado.

Los latinos, que constituyen el 16% de la población del condado, representan el 75% de las infecciones por coronavirus —cerca del 90% desde mediados de junio—, según el doctor Matt Willis, funcionario de salud pública del condado de Marin. Después de registrar sólo un puñado de casos en los primeros meses de la pandemia, el condado tiene ahora la tasa per cápita más alta del Área de la Bahía.

“Se trata de nuestra fuerza de trabajo esencial”, explicó Willis. “Esto no es el resultado de la socialización casual durante los ‘happy hour’”.

El Canal, llamado así por la vía fluvial en su frontera norte que una vez fue el paseo marítimo comercial de San Rafael, es un distrito llano y densamente poblado en un suburbio del Área de la Bahía famoso por sus aldeas sobre las laderas de las colinas y sus vistas multimillonarias.

Las dos millas y media cuadradas del Canal están salpicadas de talleres de automóviles, palmeras descuidadas e hileras de edificios de apartamentos de baja altura ocupados por inmigrantes de México, Guatemala y El Salvador. La llegada de jóvenes latinos casi ha triplicado la población del barrio desde los años 90.

“Es como un pueblo hispano donde todos se conocen”, explicó Jennifer Tores, de 22 años, nativa del Canal y empleada en una tienda de ropa de descuento.

Los trabajadores del Canal están a un mundo de distancia y, al mismo tiempo, íntimamente conectados con pueblos ricos como San Anselmo y Tiburón, donde limpian mansiones, enceran Teslas y sirven cafés con leche a $6 la taza.

Más de la mitad de las familias de esta comunidad ganan menos de $35,000 al año, en un condado donde el ingreso promedio es casi el triple. Con frecuencia, dos o tres familias deben vivir juntas en un apartamento para poder pagar los infames altos alquileres de Marin. Los Calderón viven de paga en paga para cubrir la mitad de los $2,100 de alquiler mensual, y se las arreglan para enviar dinero a sus familiares en Guatemala.

Willis dijo que tales arreglos de vivienda “pueden fácilmente traducir un caso de COVID-19 en cinco o diez”.

Aún más contagiosa que el virus es la información errónea que se ha propagado entre la comunidad latina, incluyendo el rumor de que en los lugares donde se hacen las pruebas la gente acababa infectándose, o que la cerveza es una cura.

Confundida y aislada en su casa en cuarentena durante varias semanas con toda su familia, Crisalia Calderón comenzó a preocuparse. “Me estaba asustando mucho”, dijo. “Nos estábamos quedando sin comida y sin dinero”.

Pasó horas llamando a funcionarios del condado y a las organizaciones locales sin fines de lucro, pero nadie le devolvió la llamada. Finalmente, alguien de una organización comunitaria prometió entregar comida a la familia, pero todo lo que llegó al día siguiente fue algo de carne molida caducada y unas cuantas papas.

Así que Calderón recurrió a la misma red de seguridad informal en la que había confiado en la aldea que dejó, con 16 años, para emigrar al norte.

Una vecina guatemalteca fue a Costco y le trajo ibuprofeno para los dolores y la fiebre, y pañales y PediaSure para los niños, que tienen 5, 3 y 2 años. Alguien más le trajo verduras, leche y frijoles. Después de tres horas al teléfono, Calderón logró calificar para $500 en ayuda estatal para coronavirus dirigida a los residentes indocumentados.

Willis dijo que los funcionarios están trabajando con Canal Alliance, una organización vecinal, para brindar apoyo a los residentes que contraen el virus, en forma de dinero en efectivo y habitaciones de hotel para aislar a los infectados. El condado está reclutando rastreadores de contacto bilingües de la comunidad latina.

Crisalia Calderon con sus hijos, de izq. a der., Neymar, Daisy y Katy. Toda la familia dio positivo para COVID a fines de junio pero ya se han recuperado. (Photo by Rachel Scheier)

Marin es uno de los condados más saludables, ricos y educados de California, y uno de los más segregados. A lo largo de los años, el condado ha preservado su belleza natural y sus amplios espacios abiertos, a menudo a costa del transporte público y la vivienda asequible.

Un informe sobre el condado de Marin realizado en 2012 por el American Human Development Project mostró que menos de la mitad de los adultos del Canal tenían un diploma de secundaria. Clasificó a los casi 12,000 residentes del vecindario en el último lugar de los 51 distritos del condado, en cuanto a  bienestar y oportunidades.

A la luz de estas disparidades, no sorprende que personas como Calderón sean olvidadas, comentó Omar Carrera, CEO de Canal Alliance.

“Estas personas solo sobrevivían antes de COVID-19”, dijo Carrera. La gente ha estado haciendo cola desde las 7 de la mañana para hacerse pruebas de coronavirus gratuitas que comienzan a la 1 de la tarde. Los funcionarios de salud tratan de seguir el ritmo de la demanda de pruebas, ya que las infecciones han aumentado y los empleadores, como gasolineras y tiendas de comestibles, han comenzado a exigir que los trabajadores se hagan pruebas regularmente.

Un promedio del 20% de las pruebas del Canal dan positivo. Algunos días, la tasa de positividad ha sido tan alta como el 40%, señaló Willis. Con muchos de los infectados mostrando pocos o ningún síntoma, el virus se ha propagado rápido por esta comunidad relativamente joven.

Pero la gente tiene que trabajar, así que la vida sigue igual en el Canal. Los jornaleros todavía se reúnen en los estacionamientos al amanecer; los vendedores se instalan en las esquinas de las calles bajo sombrillas de colores para vender maíz tostado o bolsas de fruta.

Las teorías conspirativas continúan multiplicándose. Una que circula en español en las redes sociales sostiene que el virus es una trampa del gobierno. Otra dice que los sitios de pruebas locales están reutilizando los hisopos sucios para infectar deliberadamente a la gente. Los rumores han alimentado un clima de miedo y silencio en torno al virus.

Una residente dijo que los vecinos pintaron una “X” en la puerta de la casa de un amigo de su esposo para hacer público que estaba infectado.

Crisalia Calderón y su familia se han recuperado y desde entonces los resultados de sus pruebas de COVID-19 han dado negativo, pero aún así “hay vecinos que se escapan de nosotros”, comentó. Espera la noche para lavar la ropa en su edificio, cuando los vecinos duermen.

El otro día, Calderón decidió que había llegado la hora de pedirle a su casero que fuera a al apartamento a arreglar un problema de plomería y algunos quemadores estropeados. Pero el casero le dijo que no podía ir. Estaba en casa enfermo con COVID-19.

Esta historia de KHN se publicó primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.

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Trabajadores agrícolas en alto riesgo de contraer coronavirus y sin protección federal

KNOXVILLE, Tennessee.- Es una época de mucho trabajo para las granjas productoras de tomate en esta parte del estado. Estas plantaciones cuentan con cientos de trabajadores, la mayoría latinos. Algunos viven allí. Otros son migrantes que viajan de granja en granja, para recoger las cosechas de verano. Otros vienen de México o Centroamérica con visas agrícolas temporales.

Pero este año, la temporada se desarrolla con enormes preocupaciones por el coronavirus que afecta directamente a estos trabajadores agrícolas.

“Casi todas las fases del proceso de recolección de tomates deben ser consideradas a la luz de COVID-19”, dijo Ken Silver, profesor asociado de salud ambiental en la Universidad Estatal del Este de Tennessee, que estudia la salud de los trabajadores migrantes en las plantaciones de tomates del estado.

Los trabajadores viven en alojamientos cerrados, durmiendo en literas y compartiendo baños y cocinas. Viajan a los campos en autobuses abarrotados y a menudo trabajan en grupos. Y aunque los empleados de las granjas son considerados trabajadores esenciales, suelen no tener seguro médico o licencia paga por enfermedad.

Las granjas ya han informado de brotes entre cientos de trabajadores en estados como California, Washington, Florida y Michigan. Sin embargo, el gobierno federal no ha establecido ninguna normativa para proteger a los trabajadores agrícolas del coronavirus o para instruir a los empleadores sobre lo que deben hacer cuando sus se enferman.

Mientras que organizaciones de defensa de los trabajadores migrantes dicen que esto permite a las granjas aprovecharse de sus trabajadores y aumentar su riesgo de exposición al coronavirus, las granjas aseguran que están haciendo lo que pueden para proteger a los trabajadores con los recursos limitados que tienen, mientras no se deja de hacer el trabajo.

Lo cierto es que la situación no está clara, expresó Alexis Guild, director de políticas y programas de salud de Farmworker Justice.

La responsabilidad de las granjas

En junio, 10 de los 80 trabajadores temporales de Jones & Church Farms en el condado de Unicoi, Tennessee, dieron positivo para el coronavirus. Otra granja en ese condado tenía 38 trabajadores que también dieron positivo alrededor de la misma época.

“Esto fue lo más aterrador que pudo pasarnos”, dijo Renea Jones Rogers, directora de seguridad alimentaria de la granja.

A nivel nacional, ha habido al menos 3,600 casos de trabajadores agrícolas que han dado positivo para COVID-19, según los informes de los medios de comunicación reunidos por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.

A esto hay que añadir que tanto los empleadores como los trabajadores agrícolas reconocen que incluso las intervenciones más básicas para frenar la transmisión —el distanciamiento social y el uso de máscaras— a menudo no son factibles, al trabajar en altas temperaturas.

Saúl, de 52 años, es un trabajador agrícola temporal que ha viajado de México a Virginia todos los años desde 1996 para cosechar tabaco. En una entrevista por WhatsApp, dijo que las máscaras son incómodas en el trabajo porque estás al aire libre: “Es incómodo porque trabajamos a la intemperie”. (Kaiser Health News no publica el apellido de Saúl para que no sea identificado por su empleador).

Saúl dijo que le preocupa el coronavirus, pero como vive en su lugar de trabajo, en la granja, se siente seguro.

Cuando llegó a los Estados Unidos en abril, la granja le proporcionó información sobre la pandemia, máscaras y desinfectante de manos, explicó. Nadie le toma la temperatura, pero trabaja en un grupo de ocho personas, vive con tres trabajadores más y nadie en la granja ha sido diagnosticado con COVID-19.

En Tennessee, Jones & Church Farms puso en marcha su propio protocolo de seguridad para los trabajadores al comienzo de la temporada. Esto incluyó el aumento de la desinfección, la toma de lecturas diarias de temperatura y el mantenimiento de los trabajadores en grupos para que vivan y trabajen con las mismas personas.

Después que los 10 trabajadores dieron positivo para COVID-19, la granja los mantuvo a todos en la misma vivienda y lejos de los demás. Los que eran asintomáticos también siguieron trabajando en los campos, aunque alejados de los otros, señaló Jones Rogers.

Si bien el Departamento de Trabajo no ha ofrecido normas federales de seguridad ejecutables para COVID-19, sí colaboró con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para elaborar un conjunto de pautas voluntarias y específicas para la agricultura. Esto se  publicó en junio, pocos días después que Jones & Church notificara del brote en la granja.

Mucho de lo que ya se había hecho en Jones & Church, sin embargo, seguía esas recomendaciones, que también sugerían que los trabajadores fueran examinados todos los días para detectar los síntomas de COVID-19 y que a los que se enfermaran se les diera su propio espacio para recuperarse alejados de los demás.

Otras sugerencias de los CDC y el Departamento de Trabajo, orientadas más hacia las factorías de procesamiento de alimentos, como las plantas de empaque de tomates, incluían la instalación de mamparas plásticas si no es posible que haya una distancia de 6 pies entre los trabajadores, la instalación de estaciones de lavado de manos y la provisión de equipos de protección personal o cubiertas de tela para la cara.

En junio, 10 de los 80 trabajadores temporales de Jones & Church Farms en el condado de Unicoi, en Tennessee, dieron positivo para COVID-19. Otra granja de la zona tuvo 38 trabajadores enfermos para la misma fecha. A nivel nacional, se han registrado al menos 3,400 casos positivos entre trabajadores agrícolas, según datos del National Center for Farmworker Health. (Victoria Knight/KHN)

Los activistas dicen que estas directrices son sólidas, en teoría. Su defecto más evidente es que son voluntarias.

“No creemos que la salud y la seguridad de los trabajadores deban dejarse a la buena voluntad de los empleadores”, señaló María Perales Sánchez, coordinadora de comunicaciones del Centro de Los Derechos del Migrante, una organización con oficinas en México y en los Estados Unidos.

Un vocero del Departamento de Trabajo ofreció una perspectiva diferente. “Los empleadores son y seguirán siendo responsables de proporcionar un lugar de trabajo libre de riesgos conocidos para la salud y la seguridad”, indicó, y añadió que los estándares de seguridad general preexistentes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y las directrices de los CDC se utilizan para determinar las violaciones a la seguridad en el lugar de trabajo. La OSHA es una agencia del Departamento de Trabajo.

La industria agrícola ha expresado su temor ante cualquier aumento de la regulación federal.

“No creo que OSHA pueda implementar un tipo de regulación obligatoria que no ponga en desventaja a algunos agricultores”, apuntó Allison Crittenden, directora de relaciones con el Congreso de la American Farm Bureau Federation.

Las granjas ya han tomado muchas medidas contra COVID-19, añadió, “y si estas acciones se están llevando a cabo de forma voluntaria, no vemos la razón de imponer un requisito obligatorio”.

Dificultades para acceder a la atención médica

Los trabajadores agrícolas migrantes, a pesar de ocupar un eslabón esencial en la cadena de suministro de alimentos del país, a menudo no reciben prestaciones en el lugar de trabajo, como seguro médico o licencia de enfermedad remunerada.

Saúl, el trabajador agrícola del tabaco de Virginia, dijo que no creía tener ningún seguro médico. Si se enfermara, tendría que decírselo a su empleador, que luego tendría que llevarlo al médico. La ciudad más cercana a la granja está a 15 millas. ¿Quién es responsable de estos costos? ¿El trabajador o la granja? Depende de las circunstancias individuales.

Muchas granjas emplean principalmente trabajadores latinos, y los datos de los CDC ilustran que es mucho más probable que los latinos se infecten, deban hospitalizarse o mueran por complicaciones de COVID que los blancos no hispanos. Los expertos también advierten que debido a que la pandemia de COVID está afectando desproporcionadamente a las personas de minorías, podría ampliar las disparidades de salud preexistentes.

Además, buscar la atención de un médico puede resultar riesgoso para los trabajadores agrícolas migrantes. Los trabajadores indocumentados pueden temer ser detenidos por autoridades de Immigración mientras que los que tienen la residencia permanente (green card) les puede preocupar la “regla de la carga pública” que la administración Trump endureció.

Esta polémica “regla” tiene en cuenta el uso de los programas públicos, incluyendo la atención sanitaria, a la hora de una solicitud de ciudadanía. Sin embargo, el gobierno federal ha dicho que buscar tratamiento por COVID-19 no aplicaría para esa regla.

Y aunque el rastreo de contactos es importante para detener la propagación de COVID-19 entre los trabajadores agrícolas, muchos departamentos de salud no cuentan con traductores que puedan hablar español o lenguas indígenas centroamericanas, ni ha habido un rastreo sistemático a nivel nacional de los brotes de los trabajadores agrícolas hasta ahora, como se ha hecho con los brotes en las instalaciones de cuidados a largo plazo.

Por lo tanto, “es muy difícil saber cuántos trabajadores agrícolas específicamente están dando positivo,” expresó Guild, de Farmworker Justice.

Eso podría ser un problema para rastrear los brotes, especialmente cuando la temporada de cosecha aumenta para ciertos cultivos y las granjas incrementan su fuerza laboral.

A fines de julio, llegaron a Jones & Church Farms casi 90 trabajadores temporales adicionales para ayudar a cosechar tomates hasta octubre, apuntó Jones Rogers. Aunque los 10 trabajadores que tenían COVID-19 se han recuperado, dijo que teme que si más personas contraen la enfermedad, no habrá suficientes viviendas para mantener a los trabajadores enfermos aislados o suficientes trabajadores sanos para la cosecha.

“Los tomates no esperan a que todos se sientan bien para que se los recoja”, añadió Jones Rogers.

La reportera Carmen Heredia Rodríguez y Katie Saviano asistieron con traducción al español para esta historia.

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Epidemia de obesidad en los Estados Unidos amenaza la eficacia de una vacuna contra COVID

Para un mundo paralizado por el coronavirus, la salvación depende de una vacuna.

Pero en los Estados Unidos, en donde al menos 4,6 millones de personas se han infectado y casi 155,000 han muerto, la promesa de esa vacuna se ve obstaculizada por otra epidemia anterior a COVID-19: la de la obesidad.

Los científicos saben que las vacunas diseñadas para proteger al público de la gripe, la hepatitis B, el tétanos y la rabia pueden ser menos efectivas en adultos obesos que en la población general, dejándolos más vulnerables a infecciones y enfermedades.

Agregan que hay pocas razones para creer que será diferente con una vacuna contra COVID-19.

“¿Tendremos el año que viene una vacuna para COVID adaptada a los obesos? Seguro que no”, dijo Raz Shaikh, profesor asociado de Nutrición en la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill.

“¿La vacuna funcionará en personas obesas? Nuestra predicción es que no”.

Más de 107 millones de adultos estadounidenses son obesos, y su capacidad para volver de manera segura al trabajo, cuidar a sus familias y reanudar la vida diaria podría verse afectada si la vacuna contra el coronavirus les proporciona una inmunidad débil.

En marzo, al comienzo de la pandemia mundial, un estudio de China que pasó inadvertido descubrió que los pacientes de ese país ​con COVID-19 que pesaban más tenían más probabilidades de morir que los más delgados, un pronóstico peligroso para los Estados Unidos, cuya población se encuentra entre las más pesadas del mundo.

Entonces, llegó el futuro.

Mientras las terapias intensivas en Nueva York, Nueva Jersey y otros lugares se colmaban de pacientes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que las personas obesas con un índice de masa corporal de 40 o más, conocido como obesidad mórbida o con un sobrepeso de aproximadamente 100 libras, estaban entre los grupos con mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19.

Alrededor del 9% de los adultos estadounidenses están en esa categoría.

A medida que pasaron las semanas y se tuvo una imagen más clara de quiénes estaban siendo internados, los funcionarios federales ampliaron su advertencia para incluir a las personas con un índice de masa corporal de 30 o más.

Eso amplió enormemente las filas de las personas consideradas vulnerables a los casos más graves de la infección: el 42,4% de los adultos estadounidenses.

Se sabe desde hace tiempo que la obesidad es un factor de riesgo significativo de muerte por enfermedad cardiovascular y cáncer. Pero los científicos en el campo emergente del inmunometabolismo están descubriendo que la obesidad también interfiere con la respuesta inmune del cuerpo, poniendo a las personas obesas en mayor riesgo de infección por patógenos como la influenza y el nuevo coronavirus. En el caso de la gripe, la obesidad se ha convertido en un factor que hace que sea más difícil vacunar a los adultos contra la infección. La pregunta es si eso será válido también para COVID-19.

Un sistema inmunitario saludable activa y desactiva la inflamación según sea necesario, “llamando” a los glóbulos blancos y liberando proteínas para combatir las infecciones. Las vacunas aprovechan esa respuesta inflamatoria. Pero los análisis de sangre muestran que las personas obesas, con hipertensión o niveles elevados de azúcar en sangre, experimentan un estado de inflamación leve crónica; la inflamación se enciende y permanece encendida.

El tejido adiposo (o grasa) en el abdomen, el hígado y otros órganos no es inerte; contiene células especializadas que liberan moléculas, como la hormona leptina, que los científicos sospechan que inducen este estado crónico de inflamación.

Si bien todavía se están investigando los mecanismos biológicos precisos, la inflamación crónica parece interferir con la respuesta inmune a las vacunas, posiblemente exponiendo a las personas obesas a enfermedades prevenibles incluso después de la vacunación.

La evidencia de que las personas obesas tienen una respuesta distinta a las vacunas comunes se observó por primera vez en 1985 cuando los empleados obesos de un hospital que recibieron la vacuna contra la hepatitis B mostraron una disminución significativa en la protección 11 meses después, algo que no ocurió con los empleados que no tenían obesidad.

El hallazgo se repitió en un estudio de seguimiento que utilizó agujas más largas para garantizar que la vacuna se inyectara en el músculo y no en la grasa.

Los investigadores encontraron problemas similares con la vacuna contra la hepatitis A, y otros estudios han registrado disminuciones significativas en la protección de anticuerpos inducida por las vacunas contra el tétanos y la rabia en personas obesas.

“La obesidad es un problema global grave, y las respuestas inmunes bajas ante una vacuna observadas en la población obesa no pueden ignorarse”, dijeron miembros del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en un estudio de 2015 publicado en la revista Vaccine.

También se sabe que las vacunas son menos efectivas en adultos mayores, razón por la cual las personas  de más de 65 años reciben una vacuna anual contra la gripe sobrealimentada que contiene muchos más antígenos del virus de la gripe para ayudar a aumentar su respuesta inmune.

Por el contrario, la protección disminuida de la población obesa, tanto adultos como niños, ha sido ignorada en gran medida.

“No estoy completamente segura de por qué la eficacia de la vacuna en esta población no se ha informado mejor”, dijo Catherine Andersen, profesora asistente de Biología en la Universidad de Fairfield que estudia la obesidad y las enfermedades metabólicas. “Es una oportunidad perdida para una mayor intervención de salud pública”.

En 2017, científicos de UNC-Chapel Hill proporcionaron una pista crítica sobre las limitaciones de la vacuna contra la gripe. En un artículo publicado en el International Journal of Obesity, mostraron por primera vez que los adultos obesos vacunados tenían el doble de probabilidades que los adultos con un peso saludable de desarrollar gripe o una enfermedad similar.

Curiosamente, descubrieron que los adultos con obesidad producían un nivel protector de anticuerpos contra la vacuna de la influenza, pero aún así respondían mal.

“Ese era el misterio”, dijo Chad Petit, virólogo expert en influenza de la Universidad de Alabama.

Petit dijo que una hipótesis es que la obesidad puede desencadenar una desregulación metabólica de las células T, las células blancas de la sangre críticas para la respuesta inmune. “No es insuperable”, dijo Petit, quien está investigando COVID-19 en pacientes obesos. “Podemos diseñar mejores vacunas que puedan superar esta discrepancia”.

Históricamente, las personas con un índice de masa corporal alto a menudo han sido excluidas de los ensayos farmacológicos porque con frecuencia tienen afecciones crónicas relacionadas que pueden enmascarar los resultados.

Los ensayos clínicos en curso para evaluar la seguridad y la eficacia de una vacuna para el nuevo coronavirus incluirán a personas con obesidad, dijo el doctor Larry Corey, del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, quien supervisa los ensayos de fase 3 patrocinados por los Institutos Nacionales de Salud.

Aunque los coordinadores de ensayos no se centran específicamente en la obesidad como una posible complicación, dijo Corey, el índice de masa corporal de los participantes será documentado y los resultados evaluados.

El doctor Timothy Garvey, endocrinólogo y director de investigación de diabetes en la Universidad de Alabama, fue uno de los que enfatizó que, a pesar de los interrogantes, siempre es más seguro que las personas obesas se vacunen a que no lo hagan.

“La vacuna contra la influenza funciona en pacientes con obesidad, aunque no tan bien”, dijo Garvey. “Pero todavía queremos que se vacunen”.

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La tasa de vacunación contra la culebrilla aumenta, pero muchos quedan atrás

Preocupada por el alto costo del copago por la vacuna contra el herpes zóster (culebrilla), Jacky Felder, una beneficiaria de Medicare, optó por no vacunarse el año pasado.

Hace un mes, la mujer de Green Bay, Wisconsin, desarrolló la enfermedad: un sarpullido doloroso y picazón en el abdomen. “Afortunadamente, he tenido un caso bastante leve, pero he pasado una semana y media con mucho dolor”, dijo Felder, de 69 años.

Felder no está sola. A nivel nacional, alrededor del 35% de las personas de 60 años o más fueron vacunadas contra la culebrilla en 2018, comparado con el 7% en 2008, según un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) lanzado el 9 de julio.

Sin embargo, el informe también muestra que los adultos de bajos ingresos y aquéllos que son de raza negra o hispanos (de todas las razas) tienen muchas menos probabilidades de vacunarse que los blancos no hispanos.

Alrededor del 39% de los adultos blancos no hispanos recibieron la vacuna contra el herpes zóster en 2018, en comparación con solo cerca del 19% de los adultos hispanos y de raza negra, según el informe.

Estos hallazgos son consistentes con las disparidades que existen con otras vacunas para adultos.

Los adultos con ingresos por debajo del nivel federal de pobreza ($12,760 anuales para un individuo) tienen solo la mitad de probabilidades de vacunarse que aquéllos con ingresos anuales de más de $25,000, revela el informe.

Cara James, CEO de la organización sin fines de lucro Grantmakers in Health y ex directora de la Oficina de Salud de las Minorías en los Centros para Servicios de Medicare & Medicaid (CMS), dijo que los las personas de raza negra y los hispanos son más propensos que los blancos no hispanos a no tener seguro médico o un proveedor de salud regular, lo que puede explicar sus tasas de vacunación más bajas.

También es probable que no tengan dinero para pagar la inyección.

Estas tasas de vacunación más bajas pueden tener un nuevo impacto negativo si se desarrolla una vacuna para COVID-19, analizó James.

Aunque están en mayor riesgo de contraer el coronavirus y experimentan casos más graves de COVID-19, es posible que estas comunidades no estén primeras en la fila para vacunarse debido a los costos y otros factores.

La culebrilla es causada por el mismo virus de la varicela, que puede permanecer inactivo en el cuerpo durante años. En uno de cada tres adultos, el virus puede reactivarse como culebrilla, y a menudo se presenta como una erupción cutánea dolorosa en cualquier parte del cuerpo.

El fabricante de medicamentos Merck ofreció la primera vacuna contra la culebrilla, llamada Zostavax, en los Estados Unidos, en 2006. A finales de 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó una vacuna más moderna y más efectiva, Shingrix, y este mes Merck dejó de vender la suya.

Shingrix, desarrollada por GlaxoSmithKline, es 97% efectiva para prevenir la enfermedad en adultos de 50 a 69 años, en comparación con aproximadamente 51% en el caso de Zostavax. Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 50 años, incluidas las que fueron vacunadas con Zostavax, reciban Shingrix. No se requiere receta médica.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) requirió que los servicios de salud preventivos, incluidas las vacunas, se ofrecieran a las personas con seguro médico sin costos de bolsillo. Pero los beneficiarios de Medicare fueron excluidos en esta norma.

Aunque los beneficiarios de Medicare reciben vacunas gratuitas para la gripe y la neumonía, a menudo tienen que pagar de su bolsillo por otras vacunas, incluida la de la culebrilla. Los pagos los establece el plan de medicamentos que tengan.

El doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, dijo que recomienda que sus pacientes reciban la vacuna Shingrix antes de cumplir 65 años y de inscribirse en Medicare. Schaffner culpa al Congreso por agregar costos de vacunas para las personas con Medicare.

“Hemos visto que una parte sustancial de la población recibe la vacuna, pero está lejos de la meta del 100%”, agregó Schaffner.

GlaxoSmithKline dijo que el afiliado promedio de Medicare paga $50 por cada una de las dos dosis de la vacuna, que generalmente se administran con unos meses de diferencia.

Para las personas sin seguro, Shingrix cuesta alrededor de $300 por las dos dosis.

Además del costo, otro factor que puede influir en la baja tasa de vacunación es el acceso. La demanda de Shingrix provocó una escasez de la vacuna poco después de su lanzamiento, pero ejecutivos de GlaxoSmithKline dicen que ahora tienen una buena cantidad de dosis para distribuir.

Alrededor de 17 millones de personas han recibido al menos una dosis de Shingrix, aunque la vacuna se recomienda para más de 100 millones, dijo Sean Clements, vocero del laboratorio. En comparación, dijo que entre 20 y 25 millones de personas recibieron Zostavax después de 14 años en el mercado.

La doctora Anjali Mahoney, médica de familia en Los Ángeles y vicepresidenta de asuntos clínicos de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, dijo que estaba complacida de escuchar sobre el gran aumento en las personas que reciben la vacuna.

“Aproximadamente 1 de cada 3 personas contraen herpes zóster en su vida, y eso no es algo que quieran tener”, dijo. Las complicaciones y el dolor que causa la culebrilla, agregó, pueden durar años, mucho después que la erupción haya desaparecido.

También dijo que las barreras por los costos para los beneficiarios de Medicare mantienen los números más bajos de lo que deberían ser.

Felder, cuyos ingresos se limitan a lo que recibe del Seguro Social, dijo que incluso $50 por dosis sería demasiado para pagar la vacuna contra la culebrilla. Espera vacunarse si recibe otro cheque de estímulo federal.

“No es correcto que las personas que tienen Medicare paguen por esto, porque muchas personas pueden enfermar gravemente por el herpes zóster”, agregó.